La revista educativa de la provincia de Alicante

El copago en Educación, una asignatura pendiente

In Monográficos, Número 5, Política Educativa, Reportajes on 9 mayo, 2011 at 12:23

En el contexto actual de crisis económica ha vuelto a ponerse sobre la mesa la posibilidad de hacer uso del copago para sufragar parte del gasto de la Administración en diferentes servicios, como la Educación. Esta iniciativa es ampliamente rechazada por gran parte del espectro político, pero también por sindicatos y padres, aunque apoyada por empresarios. La falta de concreción del proyecto y el fuerte rechazo social, parecen relegarlo por el momento, aunque es importante conocerlo más pormenorizadamente por el gran impacto que tendría su aplicación. 

ANTONIO ANIORTE GUERRERO/ Torrevieja- Pese a no ser un tema novedoso, ya que ha saltado en diferentes ocasiones al debate público, en estos momentos ha cobrado vigencia debido a unas declaraciones del presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, en las apostó durante un desayuno organizado por el diario ABC por la implantación del copago en áreas como “educación, sanidad y dependencia”. De esta forma, el ciudadano debería sufragar el porcentaje “que sea” del gasto que se genera. Unas afirmaciones que se vieron rápidamente desmentidas, al asegurar en Radio Nacional de España que se le había “malinterpretado” y que sus palabras iban encaminadas a “resolver los problemas de financiación de los servicios básicos”.

Las reacciones de otras formaciones políticas, e incluso de instancias superiores del propio Partido Popular, contrarias a la opinión del presidente murciano, no se han hecho esperar. La proximidad de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 22 de mayo ha multiplicado el efecto de todas estas declaraciones, ya que es sabido que cualquier tipo de iniciativa que obligue al ciudadano a pagar nunca es bien recibida, generando rechazo hacia sus proponentes

Ante las diferentes reacciones de índole política que se han sucedido, Aula Abierta ha querido ponerse en contacto con la consellería de Educación de la Generalitat Valenciana. Allí, Ana Colomer, de su departamento de prensa, se ha limitado a afirmar escuetamente que “la conselleria de Educación no tiene previsto implantar la fórmula del copago en ningún ámbito”, sin querer profundizar en ningún supuesto más.

 ¿Qué es eso de copago?

La mayoría de las alusiones al copago están relacionadas con el ámbito sanitario. Un ejemplo sencillo lo encontramos en el gasto farmacéutico, donde el paciente abona parte del coste del medicamento, dependiendo de su situación personal. Haciendo extensivo el concepto al ámbito de la Educación, el copago buscaría que las familias abonasen parte del coste del servicio educativo, que en la actualidad se presta de forma gratuita en los centros públicos y, con algunos matices que más adelante concretaremos, también en los concertados. En el ámbito universitario español, las tasas académicas abonadas por el alumnado buscan sufragar parte del coste que se genera, entendiéndose abiertamente como una forma de copago, bajo la denominación de tasa.

El profesor titular del departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Vicente Ortún Rubio, ha asegurado en una entrevista que aparece en la propia Web del citado departamento que “cuando se prescinde totalmente de las señales de los precios puede producirse un consumo excesivo que supone una pérdida de bienestar social”. El profesor Ortún añade que “España es el país de la Unión Europea con menos copagos y no, por ello, el más equitativo”.

 Oposición frontal de la CEAPA y los sindicatos

Entre las voces críticas con la implantación del copago educativo se encuentra la de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), que representa a cerca de 12.000 AMPAS de todo el país. Su presidente, Jesús María Sánchez Herrero, argumenta que “no podemos defender el copago, ya que actualmente los ciudadanos asumimos el gasto total de la educación, por medio de los impuestos” ya que “en un sistema redistributivo, todos los ciudadanos pagan sus impuestos en proporción a sus ingresos y el dinero así recaudado, se debe destinar para que todos los ciudadanos puedan acceder por igual a aquellos servicios que consideramos básicos como la educación”. Desde la CEAPA se mantiene que lo que se pretende llevar a cabo bajo la denominación de copago es en realidad “una propuesta de repartir de otra manera la factura de un servicio como la educación”. Sánchez Herrero va más allá incluso y subraya que “el concepto copago no sólo no lo defendemos, sino que nos parece un término totalmente equívoco”.

También, desde la Federación de Enseñanaza de Comisiones Obreras rechazan por completo la aplicación del copago porque “atentaría contra la equidad y supondría un retroceso histórico”. En nota de prensa remitida a Aula Abierta, el sindicato asegura que “la gratuidad se garantiza con los impuestos de toda la ciudadanía y España ocupa una de las más deficientes posiciones europeas en términos de reversión de esos impuestos en forma de inversión educativa”. Para CCOO, es una “irresponsabilidad introducir en el debate educativo instrumentos que solamente pueden llevarnos a un grave retroceso en los derechos conseguidos en nuestra etapa democrática”.

Los empresarios valencianos reclaman el copago

Sin embargo, sí que hay un colectivo que ha reclamado abiertamente la aplicación del copago. Se trata de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que preside Vicente Boluda. En el marco de un documento realizado con sus propuestas para los partidos políticos que concurren a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 22 de mayo, incluyen literalmente la “apuesta decidida por una mayor introducción del copago en sanidad y educación, protegiendo a los más desfavorecidos”. La AVE, que se define como “la piedra angular de la construcción de un sentimiento de comunidad y de un proyecto colectivo de sociedad próspera, creativa y democrática” mantiene que “el gratis total ya no es sostenible”.

 Un proyecto sin concretar

Ninguna de las partes consultadas por Aula Abierta se atreve a concretar cómo quedaría el modelo educativo con el sistema de copago. Por un lado, quienes lo rechazan se esmeran por resaltar que se trata de un proyecto inviable totalmente, por lo que no se plantean su desarrollo. La CEAPA mantiene así que “no nos hemos planteado en ningún momento abrir un debate sobre cómo, dónde o sobre qué tramos aplicaríamos algo”. Por el contrario, sectores como la AVE, simplemente se limitan a plantear la iniciativa a los partidos políticos, dejando en manos de estos su posible posterior desarrollo.

Aun así, parece evidente que el copago no tendría sentido en la educación privada, ya que en ella el gasto es asumido de forma íntegra por el alumnado y su familia. Podría tener repercusión sobre los centros concertados, pero principalmente afectaría a los públicos, donde la carga económica recae sobre la Administración. En este sentido, los colegios concertados, como centros privados (en su mayoría de carácter religioso) que mantienen acuerdos con la Administración, se benefician de una serie de subvenciones por el concierto de una serie de plazas educativas.

Tanta falta de concreción hace difícil calcular el impacto medio de la aplicación de esta medida en las economías familiares. Pese a ello, no hay que olvidar que todos los fondos de la Administración, con los que se paga la Educación y el resto de los servicios públicos proceden directamente del ciudadano a través de impuestos y tributos. Así es fácil concluir que la aplicación del copago en este ámbito supondría multiplicar la carga fiscal de las familias con hijos en edad escolar, cuestionándose lo recogido en el artículo 27.4 de la Constitución Española donde se reconoce que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”.

Por esta indefinición, el ya citado profesor Vicente Ortún da un paso más en su reflexión y, atendiendo a la valoración entre el copago y sus alternativas mantiene que “un copago para que esté indicado, además de no generar desigualdad, ha de afectar a servicios de escasa o nula efectividad, que sean sensibles al precio y que no generen costes de recaudación elevados”. Por este motivo, se plantea que “la elección no está entre el copago y un mundo ideal de todo para todos, de la mejor calidad y a precio cero, sino entre el copago y sus alternativas reales. Si la alternativa al copago fuera el incremento de un impuesto regresivo, el copago resultaría más equitativo”.

 

Un debate capitalizado por el copago sanitario

A fecha de hoy el debate del copago se encuentra instalado principalmente en el ámbito sanitario. Estudios, posiciones políticas y titulares de medios de comunicación prestan una notable atención a la Sanidad, frente a otros servicios públicos como Educación o Dependencia, que también están en el punto de mira, aunque parece que algo más lejano.

En este sentido debemos destacar que en España existe el copago en el ámbito farmacéutico, donde el ciudadano, en función de su régimen de afiliación a la Seguridad Social ve subvencionado el total o parte del coste de los medicamentos prescritos por los profesionales médicos. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha concluido en un estudio sobre el copago farmacéutico en Europa, que “la población española se encuentra entre las que más fármacos consume. Tan sólo se ve superada por Francia y, prácticamente, está igualada con Italia, países que marcarían el llamado modelo mediterráneo, tradicionalmente más propenso que el continental o nórdico al consumo de medicamentos”.

Más allá de lo exclusivamente farmacéutico, han existido diferentes defensas de la aplicación de copago sanitario. Hace a penas unos días, a comienzo del mes de mayo de 2011, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaría hacía público el “Análisis sobre la situación de los médicos de familia en España”. En el mismo, el 86% de los facultativos de atención primaria respondieron que era “necesario” implantar algún sistema de copago en la Sanidad, frente al 14% que opinaba lo contrario. Del mismo estudio también se extrae que “el objetivo de los médicos encuestados con la implantación de algún sistema de copago, es de forma mayoritaria la reducción de la utilización innecesaria de los servicios”.

Pero la última palabra siempre la tienen los gestores públicos. A estos informes profesionales hay que añadir que en el momento preelectoral actual, candidato aboga públicamente por implantar ningún tipo de copago, intentando ocultar posibles estudios para su aplicación o desmintiendo tímidos tanteos llevados a cabo.

 

 

¿Cómo se articularía el copago en función a la renta?

Parece claro que ante un hipotético caso de copago en algún servicio público, como es el caso de la Educación, sería conveniente atender a la renta del ciudadano que se vería afectado por el mismo. En este aspecto, el Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Guillem López Casasnovas, ha realizado un estudio para el ámbito sanitario, en el que termina esbozando una “propuesta concreta e incipiente de articulación de copagos vinculados a la renta” que es útil conocer para valorar por analogía el posible impacto económico que tendría en muchas familias con hijos en edad escolar.

Puesto que la Educación, igual que la Sanidad son competencias transferidas a la Comunidad Valenciana, habría que tener en consideración el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Del texto del profesor López Casasnovas se extrae que Los gastos generados “todos los registros de usos afectados por copagos (no abonados) se anotasen en la tarjeta sanitaria en cada punto de acceso al sistema publico (lectura digital) y se comunicasen, posteriormente a los ciudadanos, para su incorporación si acaso a la declaración del IRPF, como una forma más de prestación en especie”. Para el ámbito educativo, se podría desarrollar una tarjeta o carné escolar con estas características que se utilizase de manera similar. Así, “el copago se podría considerar de hecho como inversamente proporcional a la renta”.

Pero hay otros perfiles posibles como los no obligados a declarar, donde la exención de “los copagos potenciales sería automática”, no gravando a determinados grupos o “no computando más allá de una cuantía determinada”.

Más allá de esta propuesta y aunque en este aspecto nos hayamos centrado en la renta, el copago educativo podría tomar en consideración otras variables, que en todo caso no serían nunca objetivas, sino que quedarían sometidas a la voluntad de los poderes públicos.

 

Otras aventuras poco exitosas como el céntimo sanitario y la ecotasa

Pese a que España, según mantiene el profesor Vicente Ortún, “es el país de la Unión Europea con menos copagos”, han existido experiencias en diferentes aspectos, que no han terminado de conseguir los resultados previstos.

Ejemplo de ello, conviene recordar que el céntimo sanitario fue un impuesto indirecto estatal creado en enero de 2002 para todo el territorio nacional, excepto en Canarias, Ceuta y Melilla y que se cedió a las comunidades autónomas. Su recaudación afectaba a los gastos de sanidad y actuaciones medioambientales y estaba compuesto por el tipo “estatal” y el tipo “autonómico”. El estatal equivale, tanto para gasóleo como para gasolina, a 24 euros por cada 1.000 litros; mientras, el tipo autonómico estuvo determinado por las distintas comunidades autonómicas. Tuvo que ser la Unión Europea la que señalase que el céntimo sanitario no cumplía con la legislación comunitaria, debido a que el objetivo de este impuesto es “fortalecer la autonomía de las regiones proporcionándoles los medios para generar ingresos fiscales” por lo que, “de acuerdo con los criterios del Tratado de la Unión Europea, esto no puede considerarse una ‘finalidad específica’ a efectos de lo dispuesto en la directiva”. Así lo expresó la Comisión Europea en un comunicado, ya que la recaudación del céntimo sanitario era utilizada para financiar la asistencia sanitaria, una competencia que las comunidades tienen transferida.

Tampoco tuvo largo recorrido la ecotasa que estableció Baleares, que fue la primera comunidad autónoma española en implantar un impuesto, que tenía como objetivo, gravar la estancia en hoteles y apartamentos turísticos, revirtiendo su recaudación en el propio sector turístico y en la recuperación medioambiental de las islas. Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, alude a un error de comunicación, porque “se dio a entender que se buscaba un turismo de millonarios y además solo afectaba a los turistas que se alojaban en hoteles y no a aquellos que lo hacían en otros establecimientos”.

Probablemente, tenga razón el Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Jaume I de Castellón, Germán Orón Moratal, cuando en el estudio “Fiscalidad ambiental: la ecotasa”, publicado por el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana, asegura que “la mejor forma de cumplir con el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos es hacerlo de conformidad con la capacidad económica”, entendiéndose que medidas como la propia ecotasa u otras de la misma índole, como el referido céntimo sanitario, tienen una voluntad recaudatoria “urgente que no nos deja ocuparnos de lo importante”.

Sigue la evolución del reportaje en Twitter: A. Cabrera / M. Maestre / R. Ortín / A. Aniorte

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