La revista educativa de la provincia de Alicante

La economía lo es todo

In Monográficos, Número 5, Política Educativa on 13 mayo, 2011 at 22:58

La economía lo es todo. Esta es una máxima que el marxista de las superestructuras, Antonio Gramsci, atribuye a “muchos filósofos y economistas burgueses” en su obra “Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno”, y que alguno de nuestros políticos ha mantenido en alguna ocasión.

Si bien las visiones monocromáticas no suelen ser las más acertadas para interpretar el entorno, la actual realidad laboral de nuestro país es el caldo de cultivo idóneo para que los aspectos financieros estén más presentes que nunca para la población española. Con una tasa de paro que ronda los cinco millones, según la última encuesta de población activa, la confianza económica de los españoles se ha precipitado hasta mínimos históricos.

La presente situación de las finanzas, que comenzó con la crisis ninja (No Income, No Job, no Assets) en 2008, afecta también a los Estados y, por extensión, a todo lo concerniente a la educación pública. En España, tanto los Presupuestos Generales, como los de la Generalitat Valenciana se caracterizan por recortes drásticos en la financiación educativa, que se traducen en menos infraestructuras, menos personal docente y menos programas educativos, desoyendo las recomendaciones de la UE, que aconsejan mantener o ampliar los fondos destinados a la Educación.

M. MAESTRE/ R. ORTÍN/ A. CABRERA/ Alicante- La crisis financiera ha propiciado una “pérdida de derechos y ataques sin precedentes al Estado de bienestar”, aseguraba Ignacio Fernández Toxo recientemente. El líder sindical achacaba, en la misma intervención, las elevadas cifras del paro a “la precipitada e irracional reducción del déficit público a costa de sacrificar la inversión pública, los derechos sociales y el empleo” y se lamentaba de que al mismo tiempo “haya eurodiputados que voten contra la congelación de sus sueldos o defiendan el viaje business”. La punta del iceberg. Los eurodiputados cuentan además con 20.000 euros mensuales para gastos de oficina.

Wolfgang Hetzer, director de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y autor del libro Finanzmafia, asegura en su obra que “la crisis financiera no es un simple fallo del sistema”, sino que “ha sido causada por un comportamiento masivo y objetivamente delictivo de personas responsables del sector bancario, apoyadas por entidades estatales muy negligentes”. Miles de ciudadanos españoles también lo creen y se adhieren a iniciativas legales contra los presuntos causantes de la crisis.

La economía es noticia

La situación económica ha incidido también en la agenda setting de los medios de comunicación, que aúpan la información financiera aportando datos relevantes. Así, el lector medio puede descubrir, en el ámbito internacional, que el uno por ciento de la población mundial controla el cincuenta por ciento de la riqueza, y en el plano nacional, que el 0,0035% de la población española controla recursos que equivalen al 80,5% del PIB, que un directivo de Telefónica cobra igual que 103,5 de sus trabajadores juntos o que las empresas del Ibex 35 superaron en 2010 los 51.000 millones de euros de beneficios.

Las principales empresas siguen obteniendo dividendos; aquellos que originaron la crisis han sido rescatados por quienes la auspiciaron y que son los mismos que ni renuncian a sus privilegios, ni emprenden reformas que aseguren una transparencia suficiente. No son opiniones, son datos. Y las expectativas de futuro no se presentan más halagüeñas.

Las medidas emprendidas se basan en recortes sociales y salariales, y en unos presupuestos que van “en detrimento de los ciudadanos y del progreso social, recortando el dinero destinado a la sanidad, a los servicios sociales, a la educación, a las infraestructuras, al I+D+I, a la industria, a la energía y al turismo”, tal y como asegura la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE).

Sin embargo, aunque la realidad económica y laboral se muestre devastadora, la sociedad española está sumida en el más absoluto silencio. Las manifestaciones del pasado uno de mayo contaron con una escasa participación, si bien la huelga general convocada en septiembre de 2010 –con datos dispares, como en toda huelga general- mostró unas divergencias significativas en el consumo eléctrico de nuestro país del 29 de septiembre de 2009 y de 2010 –dato revelador para el seguimiento de una huelga-, que apuntan a una participación, si no masiva, al menos destacable. Pero eso fue en 2010.

Hoy, los movimientos sociales que surgen contra los ataques directos al Estado de Bienestar brillan por su ausencia. Surgen algunas voces que promueven la defensa no violenta de estos derechos, como el libro ¡Indignaos! de Stéphane Hessel, pero con escasa repercusión social y mediática. El motivo de esta apatía, según diversos sociólogos, pasa por una carencia de conciencia, la expectativa de una falta de resultados o la perplejidad ante la ruptura del contrato social.

La economía es educación

El ámbito educativo en nuestra comunidad quizá  se desmarca de esta calma social, ya que los sindicatos promueven movilizaciones con una participación docente  y ciudadana reseñable. Los sindicatos mayoritarios en la Comunidad Valenciana, STEPV-Iv, FE CCOO-PV y FETE-UGT PV, anunciaban el pasado 14 de abril, en un comunicado conjunto, una serie de movilizacioneshasta que la Consejería de Educación rectifique su política de recortes en la enseñanza pública“.

Estos recortes, comenta el secretario intercomarcal de enseñanza de CCOO, Alfonso Rodríguez, “son brutales en lo relativo al personal docente, superando las 1200 vacantes que no se han cubierto en la Comunidad Valenciana y con una disminución en los desdobles de Formación Profesional que afecta a 800 puestos de trabajo”. La reducción laboral ha afectado a los programas de compensación educativa, es decir, a aquellos grupos de apoyo creados para incorporar al ritmo educativo a los alumnos con dificultades académicas. Esta situación ofrece un futuro poco prometedor, no sólo para los docentes, sino también para los alumnos que dependen de estos programas, ya que son necesarios para que el alumnado no engrose el porcentaje de fracaso escolar con una tasa cercana al 41 por ciento en la nuestra Comunidad.

La lengua valenciana no ha escapado del recorte. La disminución de docentes ha afectado al programa de incorporación a la lengua vernácula, que “enseñaba valenciano desde cero a los alumnos recién llegados de otras comunidades españolas o de otros países, por lo que estos estudiantes no se adaptan a su nivel y los profesores no podemos dedicarles la atención que necesitan” comenta Noemí López Alcaraz, profesora de Valenciano en IES Clot de Líllot en El Campello, Alicante.

Otra de las consecuencias del recorte del personal docente es la ampliación del número de alumnos por aula. La reducción del profesorado, explica Ismael Vicedo, portavoz de la Plataforma por la Enseñanza Pública, “obliga a modificar la ratio de alumnos por profesor, cuya media en la actualidad es de 9,9 niños por maestro”, lo que complica el trabajo de los docentes, ya que, “con tantos niños en una misma clase no se pueden atender todas sus necesidades. Los alumnos no son máquinas que lo entienden todo a la primera y su comportamiento, en la mayoría de ocasiones, no facilita el trabajo del profesorado” comenta Lidia Cuevas Marí, profesora de matemáticas en el IES Sixto Marco de Elche.

La consecuencia última de estos recortes es la ampliación de las horas lectivas de los profesores. La disminución de la plantilla en los centros escolares supone un aumento en las horas de aquellos docentes que permanecen en los centros. “En lugar de las 18 sesiones actuales se pasa a 21, esto se consigue simplemente disminuyendo la duración de la sesión, en lugar de 60 minutos pasa a 50 minutos por clase” explica Manuel Serrano,  portavoz de la junta de personal del STEPV. Todas estas medidas de ajuste producen un empeoramiento de la calidad educativa y un futuro incierto para el colectivo docente, sometido a los vaivenes de la Administración.

No obstante, la Consejería de Educación mantiene, ante las preguntas efectuadas al respecto por los redactores de Aula Abierta, que “no es cierto que se haya producido una reducción en la plantilla de profesorado. De hecho, pese al descenso del número de alumnos que estudian en el sistema, el número de profesores ha aumentado este curso académico.  En la actualidad,  hay 51.854 profesores ocupando plaza en plantilla en el sistema público de educación, exactamente 500 más que el  curso pasado. Esta cifra supone un incremento desde el curso 1995-1996, en el que había 34.448 docentes, de 17.406 profesores más, es decir, prácticamente un 50% más respecto a 1995. Además, se ha producido una mayor estabilización de la plantilla, dado que aproximadamente el 80% de los docentes aprobados en las últimas oposiciones eran interinos. Actualmente, son interinos el 6,8% de la plantilla de Primaria y el 14,4%, de Secundaria y enseñanzas de Régimen Especial”.

La educación es inversión

Desde la transferencia de competencias educativas a las Comunidades autónomas –las primeras, Cataluña y País Vasco, desde 1981 y las últimas, las dos Castillas y Asturias, en 2000-,  los centros docentes pasaron a depender directa o indirectamente de las respectivas Administraciones educativas autonómicas. Las competencias del Ministerio de Educación (MEC), por lo tanto, se limitan a aprobar las normas que desarrollen el artículo 27 de la Constitución, referente al derecho a la Educación y a la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. Por ese motivo,  resulta interesante conocer cómo se financia la educación pública.

Para la Comunidad Valenciana, con unos niveles de fracaso escolar que rozan el 41%, es vital que la inversión en la educación pública financie programas de apoyo al alumnado que faciliten el acceso a una pedagogía de calidad. No obstante, el portavoz de la Plataforma por la Enseñanza Pública en Alicante, Ismael Vicedo, asegura que “todos los programas y ayudas en la educación pública se han visto afectados por los recortes”. “El programa de nuevas tecnologías está cancelado y los bonos y ayudas para comedores, libros o transporte han sufrido recortes importantes a través de una variación en los criterios, que deja fuera a muchas familias que antes sí percibían esas subvenciones”, afirma Ismael Vicedo.

En lo referente a las dotaciones para los gastos ordinarios, tanto para los centros de primaria como los de secundaria, la Consejería de Educación ha logrado mantener las mismas cantidades estos últimos años e incluso incrementarlas levemente en consonancia con la evolución del IPC anual (un 2% aproximadamente). Sin embargo, esto no es suficiente para los institutos que han visto como los precios de la electricidad, el gasóleo para la calefacción y el agua, los principales capítulos de gasto, se han incrementado considerablemente. “Mientras que el año pasado pagamos unos 28.000 euros de luz, este año la cifra ha ascendido a casi 32.000”, nos comenta Nuria Miguel Gutiérrez, secretaria del IES Pedro Ibarra Ruiz de Elche.

La educación son infraestructuras

Sin duda, contar con infraestructuras suficientes es un aspecto fundamental en el que se debe apoyar la educación pública. En ese sentido, el conseller Font de Mora declaraba recientemente que “si esto fuera una dinastía, yo sería Alejandro I el Inaugurador. Nadie, nadie, ningún conseller ni exconsejero de Educación de España ha inaugurado tantos centros docentes como yo: 257”. Una afirmación que FETE-UGT PV no comparte del todo.

Y si bien es cierto que se han inaugurado muchos centros nuevos, el conseller no menciona que existen numerosos colegios e institutos en activo que por la antigüedad de sus infraestructuras, requieren de importantes reformas. Este es el caso del IES Pedro Ibarra Ruiz, emplazado en el barrio de los palmerales de Elche, cuyas pistas deportivas han permanecido inutilizables durante meses por el deplorable estado del asfalto y de las canastas de baloncesto. “La Consejería de Educación contrató a una empresa de construcción que a su vez subcontrató a otra que empleó materiales de pésima calidad”, nos comenta el director del centro, Antonio Costa. El resultado es una reforma deficiente cuyas reparaciones se llevan gran parte del presupuesto del centro. En algunos colegios de primaria también podemos encontrar quienes se quejan de la inoperancia de los ayuntamientos, responsables del mantenimiento de estos centros. En el C.P. Ferrández Cruz, su directiva solicitó la reparación del  sistema de calefacción hace más de cinco años. A día de hoy el Ayuntamiento de Elche no ha resuelto su petición.

Sobre el estado de los centros docentes en Alicante y la Comunidad Valenciana, Aula Abierta ya realizó un acercamiento hace algunas semanas, más centrado en el número de barracones que actualmente pueblan los centros docentes de nuestra Comunidad. Tres conclusiones pueden desprenderse del reportaje citado: el número de barracones apenas ha variado desde 2004; Ciegsa, la empresa pública que gestiona la construcción de centros docentes en la Comunidad Valenciana, arrastra una deuda de más de 2.000 millones de euros; y la Consejería de Educación muestra una opacidad informativa en materia de infraestructuras que dificulta ubicar los centros construidos o ampliados, tanto en la provincia de Alicante como en la Comunidad Valenciana.

La construcción y mejora de infraestructuras educativas en la Comunidad Valenciana se ejecuta actualmente a través de tres planes principales: el Plan Creaescola, un plan de actuación en la infraestructura de la red pública de centros docentes para ejecutar el mapa escolar elaborado en 1996 (inconcluso 15 años después de su aprobación); el Plan MilloraEscola, que contempla mejoras y actuaciones en centros docentes ya construidos; y el Plan Educa3, iniciativa del Gobierno central con la que se pretende impulsar la creación de nuevas plazas educativas para niños de 0 a 3 años y que en nuestra Comunidad necesita, según el conseller Alejandro Font de Mora, una “mayor flexibilización” para ser ejecutado.

Así, la Consejería de Educación nos muestra un mapa de construcción de centros docentes que refleja 365 centros levantados entre septiembre de 2003 y junio de 2010, con una inversión de 1.656 millones de euros. Pero, aunque estos datos demuestran, en principio, una eficiente gestión por parte del departamento que dirige Font de Mora, no se debe perder de vista la deuda que arrastra Ciegsa (más de 2.000 millones de euros), la provisionalidad en la que están dando clase casi 20.000 alumnos en nuestra Comunidad –según datos de la Consejería de Educación-, o las críticas que desde otros sectores se dirigen hacia la gestión de la Consejería de Educación en materia de infraestructuras, y que se reflejan en una de las ampliaciones de este reportaje.

La educación lo es todo

Es el tema que está en boca de muchos políticos, economistas, ensayistas y psicólogos, pedagogos y docentes, sociólogos, padres, madres  y periodistas. Y esto es así porque la sociedad en su conjunto es consciente de la enorme importancia que tiene dotar a las generaciones futuras de los conocimientos y las habilidades sociales necesarias para que nuestra comunidad prospere. Para que esto ocurra, los docentes tienen que sentirse respaldados económicamente por los gobiernos autonómicos y locales y este no parece ser el sentir general de la mayoría de los entrevistados por este medio. Más bien al contrario, el camino se estrecha, poniendo en apuros a muchos profesionales de la enseñanza que ven como las opciones concertadas y privadas van ganando terreno y creando diferencias en cuanto al acceso a la educación. Una educación en la que se deberían invertir muchos más recursos como una apuesta de futuro, que a la postre, es el de todos nosotros.

Es mucho lo hecho, pero aún queda mucho camino que recorrer. La defensa de la Educación pública no debe echar por tierra el trabajo de muchos profesionales de distintos ámbitos que trabajan por mejorar la calidad de la misma. La realidad es multívoca y en materias como la Educación los datos se utilizan en propio beneficio según quien los maneje.

Por ese mismo motivo es primordial el acceso a una educación, pública, privada o concertada –pero sin perjudicar a una para beneficiar a otra- que proporcione a cada individuo la capacidad de sacar sus propias conclusiones.

Sigue la evolución del reportaje en Twitter: A. Cabrera / M. Maestre / R. Ortín / A. Aniorte

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