La revista educativa de la provincia de Alicante

Y tras las elecciones municipales, ¿hacia dónde va la educación pública?

In Monográficos, Número 6, Política Educativa, Reportajes on 15 junio, 2011 at 23:30


Rafael Ortín / Maite Maestre / Andrés Cabrera- Todas las encuestas situaban como claro ganador de las elecciones municipales y autonómicas al Partido Popular, pero no todas vaticinaron un apoyo tan espectacular y extendido por todo el Estado. Hoy, casi cada municipio y muchas de las autonomías, salvo Asturias, el Pais Vasco, Navarra y Cataluña, se tiñen de azul, como afirmaba hace unos días ante la prensa el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. En la Comunidad Valenciana, pese a la condición de imputados o implicados en numerosos casos de corrupción de muchos de los incluidos en sus listas electorales (casos Brugal y Gürtel), el Partido Popular no sólo ha salido victorioso, sino reforzado. De un total de 542 municipios dicho partido gobernará 302 con mayoría absoluta. En la principal ciudad alicantina también ha triunfado y, sorprendentemente, también en Elche, arrebatando al PSOE un poder que ejercía desde las primeras elecciones municipales y democráticas de 1979.

Así pues, todo apunta a que se abre una etapa continuista en el terreno educativo  público, en el que hasta ahora ha primado la contención en el gasto y unos ajustes cada vez más palpables. Una política educativa oscilante y con algunas cuestionables iniciativas por parte de la administración autonómica que ha puesto en pie de guerra a sindicatos de profesores y asociaciones de padres y madres. De hecho, muchas veces las decisiones de la Consellería parecen ir más encaminadas a proteger la consolidación del modelo concertado y privado que a reforzar la enseñanza pública, ahora que es cuando más lo necesita.

¿Estamos ante un cambio de modelo?

Son constantes las quejas de asociaciones de padres (FAPAs Gabriel Miró y Enric Valor), sindicatos de profesores como el STEPV (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza del País Valenciano), la Asociación Nacional de Profesores de España (ANPE) o agrupaciones, como las Plataformas per L´ensenyament Públic, que contemplan con perplejidad como la administración autonómica realiza numerosos esfuerzos por apoyar un sistema educativo que discrimina en función de los recursos económicos y que no se ve obligado a asumir muchas responsabilidades que sí se exigen a los centros públicos, que andan justos de medios, como admiten muchos responsables de los centros consultados por Aula Abierta. Un ejemplo reciente de esta política que exaspera a los movimientos asociativos en pro de la educación pública fue la reciente concesión a la Fundación de la Universidad Católica de un solar destinado a uso escolar en el barrio del Campanar de Valencia. Esta decisión, en el actual contexto de crisis y recortes, provocó la indignación y movilización de los vecinos que vienen acusando la falta de plazas escolares desde 2006.

Estas situaciones, que AMPAS, sindicatos y partidos de izquierda tachan de injustas, resultan más incomprensibles si atendemos a los numerosos barracones que aún abundan en los centros de secundaria de toda la provincia y donde las condiciones para estudiar no son las más adecuadas para los menores. Para Blanca González, la ahora exconcejal de Educación por el PSOE en Elche, mantener ese tipo de instalaciones, responsabilidad que compete directamente a la Generalitat, es un auténtico despropósito que va en detrimento del rendimiento del alumno: “No sé si alguna vez han estado en una de esas aulas. En su interior siempre huele a materiales de construcción. En invierno hace un frío horrible y en verano los pequeños se agobian con el calor”, afirma González.

En el terreno de las infraestructuras, que son responsabilidad de la administración autonómica (así lo establece el art. 72.2 de la LOE en referencia a la facilitación de los recursos), también cabe señalar que la demora en las reparaciones de los sistemas de calefacción en algunos centros de primaria provoca que muchos alumnos tengan que estudiar a temperaturas muy bajas en invierno, como ocurre en el C.P. Ferrandez Cruz de Elche, según manifiesta su directora, María Ángeles  Torres García. En otros centros de la ciudad ilicitana como el C.P. El Palmeral, el Victor Pradera o el Valverde también se encuentran en la misma situación.

Mientras tanto, las dotaciones concedidas por la Generalitat para los centros concertados y privados no sólo no disminuyen, sino que se incrementaron en 44 millones de euros (la noticia fue dada a conocer en marzo), cantidad a la que hay que añadir 5,6 millones en virtud de un acuerdo suscrito por el Consell,  ratificado el 17 de diciembre de 2010, cuyo contenido fue dado a conocer tres meses después en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).

Daniel McEvoy Bravo, recién estrenado concejal de educación por el PP en la ciudad de Elche  tacha estas asociaciones de desmesuradas, pues aunque entiende que el momento en el que se encuentra la educación pública es muy mejorable, su interpretación es  que se trata de uno de los mejores. “Hoy es cuando la educación pública cuenta con más medios, tanto de infraestructuras como de personal docente”. Desde su perspectiva como inspector de educación en la provincia de Alicante aprendió que “hay que tratar de abordar la educación desde un punto de vista más global, tratando de poner paz entre las partes interesadas y no enfrentando a los distintos agentes de la comunidad educativa” y criticó duramente la estrategia de los partidos de la oposición que buscan “instrumentalizar la educación para enfrentar a la ciudadanía con las administraciones”.

La respuesta de la administración valenciana a estas carencias comentadas, al aumento de la demanda, a la masificación de las clases (habitualmente por encima de lo estipulado en la L.O.E.) y a una tasa de fracaso escolar de un 40% según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es una reducción de las plantillas para el año próximo, la supresión de muchas de las clases de apoyo (creadas para ayudar a los alumnos con dificultades) y el aumento de las horas de trabajo a muchos  docentes.

Pero no toda la responsabilidad de la actual situación de la educación pública se achaca a la administración autonómica. También existen voces que cuestionan, además de lo apuntado, la preparación de los profesionales de la enseñanza pública. El presidente de la FAPA Gabriel Miró, Ramón López Cabrera, coincide con su compañero en la federación, Joaquín García Navarro, en señalar que el principal problema de la educación en la Comunidad Valenciana, así como en el resto de España, no tiene tanto que ver con el número de profesoras y profesores en activo como con la calidad y la profesionalidad de los mismos: “apostamos por una educación pública y gratuita y entendemos que faltan centros y docentes, pero pensamos que la columna vertebral del sistema educativo, el profesorado, también falla. Las aulas están llenas de físicos, matemáticos y filólogos que no disponen de la preparación necesaria como docentes para impartir clases”.

Los gobiernos municipales, independientemente de su signo político, también se llevan su parte de culpa en esta situación por no poner a disposición el suelo suficiente para que la Generalitat pueda llevar a cabo la construcción de centros. “A veces se emplea esta táctica políticamente, para culpar a la administración autonómica”, explica Ramón López.

No obstante, existen más motivos por los que todos estos colectivos y los distintos partidos de la oposición critican duramente las decisiones del gobierno valenciano en materia educativa y, más concretamente, las iniciativas de su consejero de educación, Font de Mora.

Desde la decisión de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, lo que provocó una situación atípica y un sobrecoste sin precedentes al tener que contratar a traductores simultáneos para impartir las clases en algunos centros, a la actual de suprimir la línea en valenciano en los colegios de primaria, que ya está levantando ampollas entre un amplio sector de la comunidad educativa.

Lo cierto es que las batallas políticas acaban por  perjudicar a la ciudadanía, contraviniendo lo recogido en los apartados a) y b) del artículo 1 de la L.O.E. de 3 de mayo de 2006, en los que se garantiza “la calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones o circunstancias” y donde también se atribuye al sistema educativo público el papel de “elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales”. Este es el motivo por el que representantes de los padres, como Maire Guilabert i Sepulcre, presidenta de la FAPA local de Elche, tratan de mantenerse imparciales y dar prioridad a las necesidades de los menores.

Callada por respuesta

Prácticamente todos los actores principales, sindicatos, asociaciones de padres y grupos de la oposición coinciden en destacar la escasa voluntad de negociación de la Consellería d´Educació. Blanca González, durante su periodo como concejal de educación por Elche, afirma que no fue recibida ni una sola vez por el Conseller, que la derivaba al responsable de asuntos económicos. “La situación era siempre la misma”, asegura, “le presentábamos nuestro proyecto al responsable económico y este nos respondía con un lacónico: lo estudiaremos. Lo cierto es que no había nada que estudiar puesto que todo el trabajo ya estaba hecho y ni siquiera nos daban la oportunidad de discutirlo”.

El Consejo Escolar Valenciano, órgano consultivo superior en materia educativa de la Comunidad Valenciana, tampoco supone una esperanza para estos colectivos que ven a esta entidad como una extensión más del poder de la Generalitat y cuya pluralidad e independencia quedó seriamente dañada desde que la Consellería decidiera unilateralmente su modificación mediante el DECRETO 164/2010 por el que se regula dicha institución. Según cuenta Ramón López, “aunque sus dictámenes no son vinculantes para el parlamento valenciano, sí que se valora la repercusión mediática de las decisiones que allí se toman. Por ello, al consistorio autonómico le interesa controlar dicho órgano”. Así lo entiende también el director de la FAPA Enric Valor, Luis Deltell, cuando afirma que en su opinión, con la actual composición no se “responde al criterio de ampliar la participación social puesto que beneficia claramente a la administración” con el fin de acallar cualquier voz crítica.

Las elecciones han finalizado. Las movilizaciones continúan.

Haciendo balance, pocos recuerdan una legislatura con tantas movilizaciones por parte de sindicatos de profesores, asociaciones de padres, plataformas por la enseñanza pública y otras organizaciones de igual entidad. Cierto es que pocos consejeros de educación autonómicos han sido tan cuestionados como Font de Mora, al que muchos tachan, cuanto menos, de excéntrico mandatario, alejado de la realidad educativa de su entorno y con una capacidad incuestionable para generar agrias polémicas con cada nueva iniciativa.

Con un mismo equipo de gobierno, más afianzado si cabe, las movilizaciones en demanda de ya viejas peticiones continúan. En estos últimos dos meses, sólo en la provincia de Alicante, ya se han producido diversas movilizaciones: el 2 de abril en Torrellano, por la ampliación del colegio La Paz; el pasado 3 de junio en Elche, por los recortes que se aplicarán a partir del año próximo;  el 9 de junio, los principales sindicatos, UGT, CCOO y STEPV convocaron una manifestación en defensa del valenciano como lengua vehicular en la enseñanza pública y en contra de la falta de inversión; la FAPA Gabriel Miró ya cuenta tres manifestaciones desde el 22 de mayo… y un largo etcétera que se atisba en el horizonte próximo, a tenor de las últimas decisiones políticas tomadas por la administración.

Si bien el gobierno autonómico ha podido contar con unos días para disfrutar de su triunfo electoral, ahora toca ponerse manos a la obra y afrontar, posiblemente, una de las legislaturas más duras y complicadas en materia de educación.

Sigue la evolución del reportaje en Twitter: A. Cabrera / M. Maestre / R. Ortín

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